No cabe duda de que el precio de la carne ha subido y ello genera un inmediato malestar en la población y, por su parte, un intento del Gobierno por encontrar y resolver las causas de dicha suba. En este último punto es donde los discursos y explicaciones del Ejecutivo, los medios y las corporaciones empresariales ligadas al sector juegan su partida por ver quién impone en la sociedad una determinada mirada sobre las verdaderas causas del problema y, por lo tanto, acerca de quién es el verdadero responsable de la suba de precios.
Sin embargo, el tema tiene sin duda su complejidad y diversas aristas que hacen que toda explicación que busque reducir el problema a una única causa y, por su parte, a un único responsable, puede resultar atractivo para un público ansioso de respuestas rápidas y sencillas; sin embargo, ello implicará que muchas otras raíces de la cuestión quedarán opacadas y silenciadas para la mayoría.
En este sentido, puede decirse que cuestiones como la fuerte sequía sufrida por la Pampa Húmeda en el transcurso del 2008 y el 2009, el particular funcionamiento de la estructura concentrada de la cadena de comercialización (supermercados) e industrialización de la carne (frigoríficos), el nivel de tecnologización de la ganadería argentina y, finalmente, la competencia que el cultivo de la soja ha representado para la cría y engorde de ganado, son al menos cuatro hechos que no deberían dejar de analizarse en profundidad para poder medir su impacto en la actual problemática. Y esto no supone que otras causas o problemas no operen también sobre ella.
Lógica de mercado. No obstante, de dichas problemáticas nos interesa detenernos en la referida al impacto que la fenomenal expansión sojera ha tenido sobre la producción ganadera local (así como también sobre la de otros cultivos tradicionales como el trigo). A nadie escapa el dato de que en las últimas décadas miles y miles de hectáreas tradicionalmente dedicadas a la ganadería (o al trigo o el girasol) han sido ganadas por el cultivo de la soja. Los extraordinarios precios internacionales de la oleaginosa han incentivado sin pausa a que miles de productores reduzcan o directamente abandonen sus campos de cría o engorde de ganado tras la muy superior rentabilidad ofrecida por la soja.
En este contexto, según estimaciones recientes, para la actual campaña se espera una cosecha de más de 50 millones de toneladas de soja ocupando una superficie de unos 19 millones de hectáreas. De maíz, por ejemplo, se espera una cosecha de unos 18 millones de toneladas en apenas 3,1 millones de hectáreas. Si miramos hacia el pasado, podemos decir que mientras a mediados de la década del ’70 (cuando se inicia el cultivo de soja en nuestro país) el área sembrada con soja no superaba las 100.000 hectáreas, en la década del ’80 alcanzaba alrededor de 2,5 millones de hectáreas, en los ’90 unos 6 millones y ya hacia el 2001 superaba los 10 millones de hectáreas cultivadas.
Estos datos hablan a las claras de la extraordinaria expansión sojera y sus inevitables impactos sobre el resto de las producciones agropecuarias pampeanas y extrapampeanas (recordar que la soja se expandió por zonas como Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán). Así como también denotan sus nefastos efectos sobre los desmontes y las expulsiones violentas de miles de campesinos (muchos de ellos indígenas de ocupación ancestral de la tierra) por parte de grandes empresarios ávidos de nuevas tierras para el cultivo de soja, hechos estos últimos casi olvidados (o silenciados) por parte de la prensa conservadora.
Si nos preguntamos a qué obedece semejante expansión nos encontraremos con dos datos que, aunque no excluyentes, resaltan como decisivos: una demanda mundial en constante crecimiento y elevados precios internacionales. Es decir, la extraordinaria expansión sojera en nuestro país obedece a mecanismos estrictamente de mercado. Este último, con su elevada demanda y sus precios atractivos, ha llevado a que “el campo” argentino se dedique mayormente a la soja antes que al trigo, las verduras o la carne. Los productores van detrás de un cultivo que asegura una rentabilidad sumamente superior a la de cualquier otra producción.
Esto, en el fondo, si aceptamos las lógicas del capital, no tendría nada de reprochable. Cualquiera busca maximizar sus ganancias. Sin embargo, la pregunta crucial que nos surge aquí es: ¿puede la producción alimentaria de un país estar determinada exclusivamente por la lógica de la rentabilidad impuesta por el mercado? ¿Lo que está sucediendo con la carne o con el trigo no demuestra que la producción agropecuaria librada a los mecanismos de mercado pone en riesgo la soberanía alimentaria de un país? Dicho de otra forma: ¿cuánto de los 51 millones de toneladas de soja de esta cosecha se utilizará en la mesa de los argentinos? ¿Cuánta soja promedio al año come un ciudadano de nuestro país? La respuesta es que un 90% de la producción de soja se exporta, mayormente con el fin de alimentar ganado en países de Asia o Europa. Es decir, “el campo” argentino está utilizando unos 19 millones de hectáreas de una de las tierras más fértiles del mundo para producir alimentos que no alimentan a los argentinos, restando, obviamente, tierras destinadas a alimentos que sí son la base de la nutrición de nuestra población.
En pocas palabras, nadie come soja en la Argentina (aunque una escasa proporción se utilice como harina o aceite en distintos alimentos) y todos comemos carne, verduras o trigo (pan, pastas). Sin embargo, “el campo” argentino produce cada vez más soja y menos carne o trigo. Esto demuestra a las claras la absoluta disociación entre el interés particular del productor impuesto por la lógica del mercado y la ganancia (la soja), y lo que determinaría la soberanía alimentaria del conjunto de la sociedad argentina (carne, trigo, hortalizas, verduras, etcétera).
Intervención y soberanía. La solución a este problema reside, desde nuestra perspectiva, en una activa y eficiente intervención del Estado que, sin desincentivar los mecanismos de mercado y el interés del productor, asegure la soberanía alimentaria de nuestra población. Sin embargo, como demuestra la experiencia histórica y reciente, los sectores agropecuarios argentinos son, mayormente, firmes defensores del librecambismo y decididos oponentes a cualquier intervención del Estado en su actividad sectorial. Los discursos y argumentos sostenidos por las patronales rurales en el transcurso del debate sobre la resolución 125 demostraron crudamente esa postura.
No obstante, lo que torna aún más compleja la resolución de esta problemática es el hecho de que vastos sectores de las clases medias, claramente influidos por el mensaje de los medios de prensa que históricamente han sido voceros de los intereses agropecuarios en el país, sostienen una postura antiestatista que se solidariza con los argumentos e intereses “del campo” y se opone o critica toda medida que intente instrumentar el Ejecutivo (claro está, por cierto, que ésta puede tener falencias y ser siempre perfectible). De esta forma, una amplia masa de la sociedad argentina termina siendo funcional a un sistema que, pensando esencialmente en la ganancia, privilegia el uso de nuestras tierras para la alimentación de cerdos en China antes que la elaboración de alimentos que son la base de nuestra dieta.
Por ello, creemos que la solución de este tipo de problemas pasa, al menos en alguna medida, por la capacidad de amplios sectores de la sociedad argentina de reconocer cuáles son sus propios y verdaderos intereses y comprender que el Estado no es necesariamente el “malo de la película” como durante tantos años se nos ha intentado convencer.
1 comentario:
estoy en uno de los mejores hoteles en venecia ya que vine por trabajo. hace un año decidí dejar de comer carne y lo remplace por la soja. estará bien? debería consultar si recibo las mismas vitaminas.
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