"Algunos cambios estructurales" por Eric Calcagno

Muchas veces leemos acerca de la naturaleza polémica del Gobierno Nacional, que “inventa enemigos permanentes”, “crea conflictos”, “provoca crispaciones”, que impiden el normal desenvolvimiento de una sociedad hacia la armonía espontánea. Lo que no advierten es que no se han creado conflictos, sino que se los ha verbalizado: las cuestiones del Fondo Monetario Internacional hasta los Derechos Humanos, de la pobreza hasta la concentración de la riqueza, la pelea entre sectores rentísticos y desarrollo industrial, no han sido inventados desde el 2003. Sólo que desde el 2003 se los ha planteado desde un eje político. Para resolverlos, no se enmascara la economía atrás de la gerencia de recetas, se reconocen las relaciones sociales y se recupera la dimensión histórica. Veamos algunos ejemplos recientes.
Los cambios estructurales realizados. Ahora se ejecuta el modelo de desarrollo con inclusión social, que comenzó en 2003 con el período presidencial de Néstor Kirchner. Sacó al país de la gravísima crisis que explotó en 2001 y marcó las pautas de la recuperación. En lo económico, fue la expansión y la reindustrialización; en lo social, la inclusión (sobre todo por el empleo); en lo jurídico, el respeto de los derechos humanos (políticos y civiles) y la no represión; en lo judicial, el cambio en la Corte Suprema; en lo político, el funcionamiento pleno del sistema republicano.
Superada la gravísima crisis de 2001/2002, que nos puso al borde de la disolución nacional, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner continuó con la expansión económica y la inclusión social, para lo cual emprendió la institucionalización de áreas fundamentales del modelo de desarrollo.
Existía el grave problema de la previsión social. El régimen de capitalización vigente tenía altísimos costos, provocaba importantes déficits fiscales y era incapaz de pagar jubilaciones; entonces se volvió al sistema solidario de reparto. Esta medida también modificó la estructura del sistema financiero. El ahorro previsional dejó de utilizarse para la especulación financiera y se invirtió en mejoras de la infraestructura nacional y en las condiciones de vida de los trabajadores. Además, se incorporaron al sistema jubilatorio a dos millones de personas que carecían de los aportes previos necesarios.
En el área social se atacó el núcleo duro de la pobreza, que se había mantenido a pesar de que hubo 5 millones de nuevos empleos desde 2003 y que se recuperaron los salarios. Ahora, las asignaciones familiares a todos los hijos de desocupados y trabajadores en negro suprimirán la indigencia y reducirán de modo sustancial la pobreza. Se atiende así a una urgencia vital, mientras el mejoramiento del empleo, la asistencia social y los servicios públicos de salud, educación y vivienda llegan a la mayor parte de la población.
En el plano político y cultural se suprimió el monopolio de los medios masivos de comunicación audiovisual. Así se hace posible la difusión masiva de ideas distintas y la defensa de intereses de grupos hasta ahora relegados; podrán expresarse instituciones públicas (entre otras, las universidades) y empresas comunitarias; por supuesto, también permanecen empresas privadas con fines de lucro, pero sin carácter monopólico.
En el plano político se realizó una reforma que democratiza el funcionamiento de los partidos políticos, con la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir los candidatos. Además, emancipa la política del lazo monetario. Para eso, el Estado financiará las actividades de los partidos políticos y las campañas electorales; ni los partidos ni los candidatos podrán contratar espacios de radio o televisión para fines electorales.
En síntesis, con una mirada de largo plazo, el Gobierno reformó e institucionalizó actividades básicas, con el propósito de lograr una mayor inclusión social: implantó un régimen de jubilaciones mucho más justo; adoptó medidas para eliminar la indigencia y reducir la pobreza; abrió la radio y la televisión a todas las opiniones, e instrumentó la participación popular en el funcionamiento de los partidos políticos. “No hay desarrollo sin conflictos”, señalaba la Presidenta, puesto que los intereses económicos y los sectores sociales privilegiados defenderán sus posiciones; el ámbito pertinente para la resolución de esos conflictos es la política, donde a veces se ganan elecciones, a veces se pierden, a veces se vuelven a ganar.